RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

La responsabilidad patrimonial de la administración pública es un principio fundamental del derecho administrativo que establece la obligación del Estado y sus entidades públicas de reparar los daños y perjuicios que causen a los ciudadanos como consecuencia de actuaciones ilegales o negligentes. Es un mecanismo de protección para los derechos de los individuos frente a posibles abusos, errores o fallos en la gestión del poder público.

Este principio se aplica cuando las actuaciones de los órganos de la administración, ya sea por acción u omisión, generan un daño directo al ciudadano, ya sea a través de decisiones erróneas, procedimientos inadecuados o conductas negligentes en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad patrimonial no solo cubre daños materiales, sino también perjuicios morales o económicos que puedan derivarse de estos fallos.

¿Cuándo puede reclamarse la responsabilidad patrimonial?

La responsabilidad patrimonial de la administración se puede reclamar cuando un ciudadano entiende que ha sido perjudicado por el funcionamiento, ya sea normal o anormal, de la administración pública. Esto puede incluir situaciones como:

• Daños derivados de actos administrativos ilegales, como una sanción impuesta erróneamente o un procedimiento que no se ajusta a derecho.
  

• Daños por negligencia administrativa, como en el caso de un mal servicio público, errores en la gestión de fondos públicos, o la falta de mantenimiento adecuado de infraestructuras.
  

• Acciones u omisiones de los empleados públicos que resulten en perjuicios para los ciudadanos, como daños causados por agentes de tráfico o funcionarios encargados de la tramitación de permisos.

El procedimiento para reclamar

El proceso para obtener una indemnización por responsabilidad patrimonial comienza con una reclamación administrativa previa. Esto significa que antes de presentar una demanda judicial, el afectado debe dirigir su reclamación a la propia administración que ha causado el daño. Este paso es obligatorio, ya que permite que la administración se pronuncie sobre el caso antes de que se inicie una acción legal.

El procedimiento se inicia mediante una reclamación formal ante el órgano de la administración correspondiente, que será la encargada de evaluar si ha existido responsabilidad y si procede indemnizar al afectado. El plazo para presentar esta reclamación es de un año desde que se produjo el daño o desde que se tuvo conocimiento de él. Es importante tener en cuenta que, una vez transcurrido este plazo, el derecho a reclamar puede prescribir, lo que imposibilita las opciones del afectado.

¿Cómo presentar la reclamación?

Si bien la reclamación puede ser presentada por el ciudadano en su propio nombre y redactada por él mismo, desde nuestro despacho recomendamos siempre contar con la asistencia de un profesional especializado. La redacción correcta de la reclamación es clave, ya que debe incluir una exposición clara y detallada de los hechos, la normativa aplicable y los daños sufridos, así como los documentos de prueba que respalden la solicitud.

Un profesional en derecho administrativo podrá no solo garantizar que la reclamación esté bien fundamentada, sino también orientar al afectado sobre la viabilidad del caso, las posibles alternativas legales y los pasos a seguir en caso de que la reclamación sea desestimada y sea necesario recurrir a la vía judicial.

¿Por qué es importante contar con un abogado especializado?

Aunque el procedimiento de reclamación no necesariamente exige la intervención de un abogado en la llamada vía administrativa, es fundamental contar con asesoramiento legal especializado, especialmente si la administración desestima la reclamación o si el procedimiento es complejo. Un abogado experimentado en responsabilidad patrimonial podrá:

• Evaluar la viabilidad del caso y la existencia de una base legal sólida para la reclamación.

• Asegurarse de que todos los plazos y requisitos legales se cumplan correctamente.

• Redactar y presentar los escritos de forma adecuada, maximizando las posibilidades de éxito.

• Asistir en la fase judicial en caso de que la reclamación administrativa sea desestimada, interponiendo el recurso correspondiente.
  
  
  

Conclusión

La responsabilidad patrimonial de la administración pública es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos ser indemnizados por los daños causados por el funcionamiento irregular o negligente de la administración. Si crees que has sido perjudicado por una actuación administrativa, es importante actuar rápidamente y presentar la reclamación correspondiente en el plazo de un año.

Aunque puedes presentar la reclamación por ti mismo, te recomendamos ponerte en manos de profesionales que te ayuden a gestionar el proceso de forma adecuada, garantizando que tus derechos sean protegidos y que recibas la compensación que te corresponde.

Si necesitas asesoramiento sobre cómo proceder o si deseas que te ayudemos en la presentación de tu reclamación por responsabilidad patrimonial, no dudes en contactarnos. Nuestro despacho especializado en derecho administrativo estará encantado de ayudarte a resolver tu situación de la manera más eficiente y beneficiosa para ti.